Se presenta en el Senado la proposición de ley para la modificación de la Ley de Sociedades Profesionales

Tras la reunión que han mantenido los Consejos Generales de Dentistas, Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios con el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se ha presentado la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (LPS).

Esta ley prevé que aquellas sociedades que deban constituirse como sociedades profesionales -que son aquellas que se dedican a la prestación de servicios profesionales para cuyo ejercicio se requiere colegiación obligatoria- no escapen al control deontológico de los Colegios Profesionales, y, al mismo tiempo, contempla medidas para asegurar que el control empresarial queda en manos de profesionales colegiados.

La nueva propuesta pretende asegurar la correcta aplicación de la LPS en todos los casos en los que una sociedad tenga por objeto social la prestación de servicios profesionales

Otros de los principios de mayor relevancia de la Ley de
Sociedades Profesionales son la inscripción constitutiva de dichas sociedades
en el Registro Mercantil, la flexibilidad organizativa, el carácter de norma de
garantías y el sometimiento al control deontológico de los Colegios
Profesionales. Sin embargo, existen resquicios legales que permiten el acceso
al Registro Mercantil de auténticas sociedades profesionales como si fueran
sociedades de intermediación, quedando fuera del ámbito de aplicación de la
LPS.

En la citada reunión estuvieron presentes el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, el presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Serafín Romero, y el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, Luis Alberto Calvo.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular estuvieron presentes Antonio Alarcó, portavoz de Sanidad del PP en el Senado, Antonio Román, vicepresidente segundo de la Comisión de Sanidad en el Senado, Rubén Moreno, miembro de la comisión de Sanidad del PP en el Senado, y Juan Mª Vázquez, senador del PP.

El presidente del Consejo General de Dentistas explica
que “escándalos sanitarios como el cierre de iDental reflejaron las graves
consecuencias que tiene permitir que sociedades mercantiles dedicadas a la
prestación de servicios profesionales puedan operar libremente en el mercado
como sociedades de intermediación, sin estar sujetas a las exigencias de la LPS
ni a los controles deontológicos que se les exigen a los profesionales
individuales que prestan dichos servicios. Con esta propuesta de modificación
de la ley pretendemos asegurar su correcta aplicación”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de
Farmacéuticos señala que las organizaciones colegiales tienen el deber y la
obligación de velar por la buena praxis de los profesionales para garantizar la
mejor prestación del servicio profesional a los ciudadanos; “una labor de las
corporaciones en la que médicos, dentistas, farmacéuticos y veterinarios
venimos trabajando y defendiendo de forma conjunta y coordinada con el objetivo
común de asegurar la calidad, seguridad y profesionalidad de los servicios
prestados”, afirma Aguilar.

Para el presidente del Consejo General de Colegios Médicos, “este asunto no es nuevo; venimos desde hace tiempo intentando que las sociedades profesionales cumplan su función que es el ejercicio profesional y, por lo tanto, sean sometidos a criterios profesionales y no de mercado, con los riesgos inherentes que lleva, precisamente, que el mercado esté aprovechándose de esa norma que tiene esa filtración para producir efectos que van contra la seguridad de los pacientes, de los ciudadanos y contra el control profesional necesario”.

En opinión del presidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios, “los cambios que se aprueben deben ir encaminados a solucionar
uno de los principales inconvenientes de la LPS: que una sociedad profesional
que se inscriba en el Registro Mercantil como sociedad de intermediación pueda
eludir la supervisión del colegio correspondiente y el control deontológico, lo
que fomenta el intrusismo. Nuestras corporaciones y nuestras profesiones tienen
el deber de asegurar al usuario de los servicios profesionales sanitarios la
titulación y colegiación de los profesionales que prestan sus servicios, tanto
de forma individual como colectiva”.